En los últimos años a través de los diferentes medios de comunicación el Gobierno se ha mostrado muy interesado en combatir el transporte ilegal, particularmente a la multinacional Uber, sin embargo, el transporte ilegal no fue importado, no llegó en un paquete de nombre “Uber”, pues bien, podemos decir que el transporte informal siempre ha existido y existirá, así se acabe con la operación de Uber, pues bien, el mototaxismo es algo “normal” en muchísimas regiones del país, la actividad es plataforma política, fuente de financiación, fuente de empleo y también causa de muchas muertes, lesiones y enfermedades de la piel, lo que no es que le preocupe mucho al gobierno.

El mototaxismo además de ser transporte informal, es un verdadero problema de salud pública, de inseguridad vial, el mototaximo acabó con la operación de los taxis en muchas regiones del país, todo ello bajo la mirada de las autoridades nacionales y regionales, las mismas que ahora con acérrimo cinismo se muestran muy defensoras de la “legalidad”.

Si vamos a hablar de legalidad, es bueno que tengamos claro que las leyes tienen principios, y en el caso del transporte, los principios rectores son La Soberanía del Pueblo, La Intervención del Estado, La Libre Circulación, La Integración Nacional e Internacional y La Seguridad.

La Soberanía del Pueblo. ¿En verdad el pueblo es soberano?, ¿El gobierno ha consultado al pueblo, a los ciudadanos nuestro nivel de satisfacción con el servicio público de transporte?, de hecho no hace falta, porque las cifras que ostenta la SIC hablan por si solas, la gran cantidad de personas que prefieren movilizarse a través de Uber u otras plataformas solo ponen en evidencia el paupérrimo servicio público que ofrecen las empresas de transporte público y la obsolescencia de las normas jurídicas que regulan la materia, las cuales ni siquiera las mismas entidades publicas respetan. ¿Qué tal si la decisión de ampliar el abanico de posibilidades de movilización la sometemos a un mecanismo de consulta popular?.

La Intervención del Estado. ¿Cuándo el Estado intervino para contrarrestar el mototaxismo?, ¿cuándo el Estado intervino para evitar que se permitiera matricular como taxis esos vehículos diseñados para hobbits?, donde los usuarios no disponen de espacio para guardar su equipaje, donde la energía de un impacto es absorbida por los pasajeros ya que los vehículos no ostentan un baúl que absorba esa energía del impacto, ¿Cuándo el Estado ha garantizado que los conductores sean contratados directamente por las empresas de transporte, como lo ordena la Ley 336 de 1996 en el articulo 36?, y más grave aún, ¿Cuándo el Estado ha hecho una intervención pensando en los usuarios, en las personas y no en las empresas y los gremios de transportadores?.

La Libre Circulación. Según nuestra Constitución tenemos una sorprendente cantidad de libertades, somos ciudadanos libres, pero en la realidad, no podemos elegir ni siquiera como nos movilizamos, es más, no podemos elegir un transporte seguro, porque el Gobierno te dice “NO, con airbag NO, con baúl NO, con aire acondicionado NO, ¿y la música?, NO, no la eliges tú, tienes que escuchar los corridos norteños que el conductor quiera, ¿y si el carro huele mal?, DEMALAS, ¿Y si el conductor esta drogado? DEMALAS llama al #767 y quédate conversando con la contestadora que te pondrá a marcar teclas hasta que llegues a tu destino (si es que logras llegar).

La Integración Nacional e Internacional. El chiste se cuenta solo, somos el único país donde un turista no puede usar Uber, pero si puede andar libremente en mototaxi por el departamento de la Ministra de Transporte “Atlántico”. Un presidente que supuestamente impulsa la tecnología pero que nos condena a continuar bajo una regulación de transporte de 1993 y su creatividad y la de sus colaboradores no les alcanza para reformular una regulación de transporte donde los usuarios no estén condenamos a utilizar un servicio inseguro, ineficiente e inconfortable, una regulación que sea armónica con los desarrollos tecnológicos del mundo. Por Dios, solo falta que sancionen a Google para proteger a las paginas amarillas.

La Seguridad. En Colombia la jornada laboral diaria es de máximo (8) horas diarias, pero resulta paradójico que una persona que trabaja en una oficina tiene un limite de (8) horas diarias y una persona que está ejerciendo una labor altamente peligrosa como la conducción de vehículos, pueda trabajar hasta (18) horas diarias, tal vez para el Gobierno de Colombia eso no pone en riesgo la vida de los usuarios de la vía, pero definitivamente sí. Los taxis 7:24, Hyundai Atos, y similares, traídos de la Comarca para movilizar a Frodo y sus amigos, son vehículos que no cuentan con airbag, que no tienen capacidad para que un usuario guarde su equipaje, o mercado, y que precisamente por no tener un baúl, generan que la energía de un impacto trasero sea absorbida por los pasajeros, en muchos casos, causando la muerte o una lesión, lo que no sucede en los vehículos que tienen baúl, en tanto el baúl absorbe la energía del impacto en estos casos.

Pudiera detenerme mas en cada principio, y en muchos otros aspectos que tienen relación con el tema, sin embargo, considero que el Gobierno no puede seguir actuando con el mismo cinismo, no tiene presentación que se ataque a Uber, cuando el problema de Uber fue haber sido una solución a los verdaderos problemas de transporte en Colombia, donde confluye una ineficiencia no solo de las empresas de transporte, sino del Estado, de las autoridades regulatorias, de los entes de control Municipales y Nacionales, ahora lo que queda es no apelar a la mediocridad proponiendo respuestas que mas resolver lo que hacen es dilatar la discusión sobre la indefectible necesidad de reformular la política de transporte en Colombia, la necesidad de acabar con las mafias de cupos que hay en los municipios, la necesidad de enfrentar el mototaxismo y la criminalidad asociada a ello, y de pensar en unos sistemas de transporte que no estén en función del negocio, de las empresas, los propietarios de equipos, sino en función de las personas, principalmente de los usuarios y de los conductores y sus derechos laborales.