Medellín, 13 de junio de 2020

El transporte es un servicio público esencial, y como tal, es responsabilidad del Estado garantizar su prestación en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios.

El hecho de que éste, como otros servicios públicos sean encomendados a particulares bajo la regulación, supervisión, control y vigilancia del Estado no, conlleva a que el Estado se desligue de su responsabilidad de garantizar la prestación, porque éste es a su vez uno de los medios a través de los cuales Colombia cumple con muchos de los fines del Estado definidos por la Constitución Política en su artículo segundo.

Al margen de la pandemia, el Estado ya venia desatendiendo la prestación de este servicio público esencial en diferentes poblaciones del país donde muchos niños adolecen de un medio para desplazarse a sus escuelas, con lo cual se afectan sus derechos; poblaciones donde el Estado no se responsabilizó de la garantía de este servicio sino además desprotegió a las empresas privadas que con apego a la Ley lo prestaban, institucionalizando así la informalidad, el mototaxismo, la accidentalidad, mortalidad, morbilidad y los problemas de salud pública que se volvieron parte del paisaje y tienden a agudizarse con la pandemia que vivimos actualmente.

Así pues, que responsabilizar al Covid-19 de las acciones y omisiones que por años han tenido los diferentes gobiernos seria irresponsable, no obstante, la pandemia hace visibles todos esos errores acumulados que merecen una atención inmediata y adecuada.

La prestación del servicio público de transporte merece una lectura diferente a la que se le ha dado en las últimas décadas, y al transportador, representado en las empresas de transporte, propietarios de vehículos y conductores, se les debe mirar como “colaboradores del Estado” en la prestación de una de sus obligaciones estatales, la supervisión, control y vigilancia, más allá de tener sus ojos sobre estas personas, debe tener su mirada sobre la “prestación del servicio”, y en esa medida alivianar las cargas a los particulares prestadores del servicio, porque no es el Estado el que les hace un favor a ellos, sino estos particulares quienes le están ayudando al Estado a cumplir con la obligación de garantizar un servicio “público” tan esencial como lo es la “administración de justicia”  y “servicios públicos domiciliarios”, entre otros.

Si el Gobierno en la motivación del Decreto 805 de 2020, por medio del cual se brinda apoyo económico a las notarias en medio de la pandemia, consideró:

“que el servicio público notarial contribuye a garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y a la supervivencia, por lo que se hace necesario implementar medidas que promuevan la continuidad del servicio.”

¿Qué podemos decir de la contribución que representa el servició público de transporte?, no hace falta decirlo, y si de ese calado es el servicio público notarial, es indiscutible que es mil veces más importante, esencial y contributivo el servicio público de transporte.

De hecho, los servicios que prestan los Centros de Enseñanza Automovilística, los Centros de Reconocimiento de Conductores, y los Centros de Diagnostico Automotor, son exactamente iguales en la medida que estas entidades particulares “dan fe pública” de que una persona esta en condiciones médicas y mentales para conducir, de que una persona tiene los conocimientos teóricos y prácticos para conducir, y que un vehículo está en condiciones mecánicas y de gases para transitar, y en éste caso no hay que esforzarte para entender de que manera contribuye a garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y a la supervivencia, como en el servicio notarial (donde hay que esforzarse bastante), porque es claro que si una persona no está en condiciones médicas y mentales para conducir, y lo hace, puede acabar con su vida y la vida de muchas personas, que si una persona no sabe manejar y lo hace, puede acabar con la vida de muchas personas y lo mismo podemos decir de un vehículo que no está en condiciones mecánicas.

La exención del IVA para la reposición de vehículos que prestan un servicio público de transporte, sea de carga o pasajeros no debería presentarse como un “regalo” que se le hace a los transportadores, pues recordemos que ese vehículo esta destinado a prestar un “servicio público esencial”, no es un vehículo que el propietario adquiere para su satisfacción personal, sino para la satisfacción de los derechos básicos de la sociedad, adicionalmente tampoco debe ser una medida transitoria sino definitiva, por las mismas razones.

En Colombia los peajes, no solo son abusivos por su alto costo sino además por su exagerada frecuencia, lo cual afecta la prestación del servicio en si mismo, le imprime ineficiencia, le resta competitividad al país, hacen costoso el servicio y en consecuencia se quebranta el principio de accesibilidad.

El sector transportador requiere que en estos difíciles momentos donde el Gobierno decidió restringir la movilización de personas, se brinde un apoyo económico significativo que permita sostener el mínimo vital de los conductores, no un porcentaje, sino el mínimo vital en su 100%. Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos la Supertransporte se dedicó a imponer sanciones pecuniarias a las empresas de transporte, irrespetando la constitución, la ley y la jurisprudencia, todo ese dinero manchado de arbitrariedad debe ser utilizado para apoyar al sector transportador de tal forma que se pueda sostener la garantía de la prestación del servicio en condiciones de dignidad.

La Supertransporte recibe dinero del presupuesto nacional, lo cual debería ser suficiente para ejecutar su función misional, pero absurdamente el sector transporte y los organismos de apoyo tienen que pagar adicionalmente a las declaraciones de impuestos que realizan a la DIAN y a las autoridades municipales, una “tasa” de vigilancia a la Supertransporte, absurdamente algunos vigilados tienen que pagar a ciertas empresas privadas por un “sistema de vigilancia” que en ultimas hace lo que debería hacer la Supertranporte de manera directa en razón a que es la razón de sus existencia, su función misional, adicionalmente tienen que realizar pagos por “FUPAS” y otros conceptos a la empresa privada RUNT S.A., la cual sigue administrando el registro único nacional de tránsito que es de nosotros los Colombianos, cuando el periodo de la concesión debía terminar en abril del año 2019, es decir hace mas de un año, pero aun así, la empresa privada sigue administrando el sistema y los colombianos seguimos pagando dinero por diferentes tramites cuando desde el año pasado ya se terminó de pagar el costo de montaje e implementación en los mas de 12 años de vigencia del contrato de concesión .

Adicionalmente algunos vigilados tienen que hacer pagos en a la ANSV, entidad que poco o nada contribuye a la seguridad vial y también debería sostenerse con la asignación que se le hace del presupuesto nacional, pero que recibe millonarias sumas de dinero adicionales que posiblemente han terminado en manos de la corrupción como se infiere de los múltiples contratos cuestionados públicamente y que han generado incluso renuncia de altos funcionarios de la entidad y sorpresa en tiempos de pandemia.  

Es necesario que se supriman muchas erogaciones infundadas que contribuyen más a la corrupción que a la seguridad vial y la calidad del servicio, la situación económica de las empresas, y de los colombianos en general no soporta tanta burocracia y le vendría bien algo de austeridad en la administración pública. 

Por

Abogado Sebastian Sandoval

@SebastSandoval